11/05/2010 - EL GOBIERNO DA MARCHA ATRÁS EN SU COMPROMISO CON LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. LA REDUCCIÓN DE LA AOD ES INADMISIBLE.
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta misma mañana ante el pleno del Congreso una serie de medidas para lograr una reducción adicional del déficit durante los próximos dos años. Entre ellas se contempla la reducción de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) entre 2010 y 2011.
La reducción de la AOD es inadmisible y conlleva que miles de millones de personas en el mundo se vean obligadas a retornar a la pobreza extrema.
Una medida como esta plantea, de nuevo, una solución fraccionada ante la crisis económica y solamente responde a efectos locales de la misma sin tener en cuenta las causas estructurales que la han provocado. La solución al problema debe plantearse de manera global y no con una perspectiva de supervivencia local que deje de lado a los países más empobrecidos del planeta.
Esta crisis financiera en España ha significado un duro golpe cuyas consecuencias está pagando la clase trabajadora en forma de millones de desempleados. Con medidas como esta se empuja a la ciudadanía a un nuevo estado de desorganización social y falta de corresponsabilidad: que esta crisis financiera la paguen también los trabajadores y las trabajadoras de los países del Sur, los más afectados por ella y los que menos han contribuido a la actual situación.
El 0,7 es un compromiso irrenunciable
Destinar el 0,7 del PIB a la AOD, priorizando los sectores sociales básicos, constituye una medida absolutamente necesaria para la erradicación de la pobreza.
El propio ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos manifestaba el pasado año que “España mantiene su compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB para cooperación al desarrollo en 2012” y situaba este compromiso como una acción obligatoria para los principales países desarrollados. Esta ruta al 0,7% suponía un compromiso social y político del gobierno que ha sido incumplido en el presupuesto del presente año 2010 en un 0,05% y continuará incumpliéndose de modo exponencial en 2011.
Además, dicho compromiso se hace patente en un Pacto de Estado contra la pobreza que ha sido firmado por todos los grupos parlamentarios y apoyado por la sociedad española. Es un pacto político y es un pacto social y como ciudadanía debemos instar a su cumplimiento.
Compromisos europeos
España ha firmado en el año 2000 la Declaración del Milenio de NNUU y se ha comprometido a alcanzar 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como primer paso para erradicar el hambre y la pobreza en 2015. Ya es un hecho que, para su consecución, la comunidad de donantes necesita incrementar sus cifras de AOD por lo que un nuevo recorte imposibilita alcanzar estos objetivos de desarrollo y frena la lucha mundial contra la pobreza.
Cabe destacar que este recorte se desarrolla mientras España ostenta la Presidencia de la UE enmarcada también en ese compromiso de alcanzar el 0,7% para el año 2012. Esta posición debiera utilizarse para dar ejemplo al resto de países en el cumplimiento de las responsabilidades internacionales y demostrar la voluntad política de los estados para la erradicación de la pobreza.
AOD Descentralizada
El recorte de 600 millones para la AOD viene acompañado de otras medidas que incidirán a medio plazo en las políticas de cooperación autonómicas y locales. Así, se ha anunciado la previsión de un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y entidades locales.
En el presente año se ha experimentado un recorte de los presupuestos destinados a AOD en 7 Comunidades Autónomas y un gran número de gobiernos locales.
La situación presupuestaria prevista para 2011 provocará el recorte social y la reducción de los presupuestos de cooperación en numerosas CCAA por lo que la cifra de 600 millones se verá aumentada si tenemos en cuenta la AOD descentralizada.Como movimientos sociales debemos denunciar estas medidas inadmisibles y sensibilizar a la ciudadanía para instar a los gobiernos locales, autonómicos y estatal a cumplir los compromisos políticos adquiridos.
Debemos aprovechar todos los espacios posibles de incidencia política y social para hacer llegar a los gobiernos un mensaje de firme y rotunda oposición a esta medida conservadora, irresponsable e injusta.
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